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¿Qué es un canal de denuncias?

El canal de denuncias para empresas es la vía de comunicación interna a través de la cual la empresa recibe y gestiona las denuncias (o comunicaciones) hechas por los miembros de la propia empresa o por otras personas vinculadas a ella, sobre posibles conductas irregulares o ilícitas que de las que puedan haber sido testigos o tengan conocimiento y que sean contrarias a las normas, tanto externas como internas de la empresa recogidas en sus protocolos y códigos de conducta.

La prioridad de estos canales es proteger a las personas que denuncian (conocidas coloquialmente en ingles como  «whistleblowers»), en especial, a las que trabajan en la organización o están relacionadas con esta. La herramienta tiene que permitir realizar el aviso de forma completamente confidencial y, en su caso, anónima, si el denunciante (informante) así lo desea.

Además de a los informantes, la protección de la Ley se extiende a:

• Las personas físicas que, en el marco de la organización en la que preste servicios el informante, asistan al mismo en el proceso.
• Las personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias, como compañeros de trabajo o familiares del informante.
• Las personas jurídicas para las que el informante trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa.

Canales de denuncias:

No existe un único canal de información, sino que las comunicaciones o informaciones de las infracciones o irregularidades se podrán canalizar a través de:

• El canal interno de la empresa.
• El canal externo o Autoridad Independiente de Protección al Informante (AAI). En el ámbito estatal, la nueva Ley opta por una Autoridad de nueva creación, adscrita al Ministerio de Justicia: la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.). Regulado en el Titulo III de la Ley 2/2023.
• Revelación pública en plataformas web, redes sociales, medios de comunicación, etc. cuando los cauces internos o externo no hayan funcionado; exista una amenaza inminente para interés público; o exista un riesgo de represalias o de no tratamiento efectivo.

Finalidad del canal de denuncias

Lu finalidad principal del canal de denuncias es prevenir incumplimientos normativos y corregir los ya detectados.

Los objetivos concretos de la implantación de un canal de denuncias son los siguientes:

• Detección anticipada e identificación de las actividades donde pueden cometerse las infracciones que se pretenden evitar, previniendo el delito.
• Cumplir la obligación legal que recoge el art. 31 bis 5 4º del Código Penal de que los programas de compliance cuenten con dicho canal de denuncias, contribuyendo a que la empresa pueda demostrar que ha implementada una verdadera cultura de cumplimiento y que emplea medidas efectivas de diligencia debida en su modelo de prevención penal que le exima de responsabilidad penal en caso de comisión de un delito.
• Dotar a la persona jurídica de una medida de control sobre su propia actividad.
• Posibilitar la imposición de sanciones a los autores de las conductas denunciadas, cuando así proceda, cumpliendo otro de los requisitos del plan de prevención de riesgos penales recogido en el art. 31 bis 5 – 5ª del Código Penal, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que deban depurarse.
• Colaborar con la investigación judicial, aportando pruebas o reparando o disminuyendo el daño, en cualquier momento del procedimiento penal, con anterioridad a la celebración del juicio oral, con la consiguiente atenuación de la responsabilidad.
• Contribuir a la eficacia de funcionamiento de la empresa con la mejora continua de los procesos internos para la gestión y control de conductas ilegales o contrarias a la cultura ética de la empresa.

Canal de denuncias obligatorio para las empresas

El canal de denuncias es obligatorio para empresas privadas con 50 o más trabajadores y empresas del sector público. No obstante, con independencia del número de empleados, se obliga a contar con un sistema interno de información a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que de los mismos dependan (siempre que reciban fondos públicos para su financiación) y a todas las administraciones locales con independencia del número de habitantes. 

Plazo de implantación

Las empresas hasta 250 empleados y los municipios de menos de 10.000 habitantes tendrán hasta el 1 de diciembre para implantar su canal de denuncias. El resto de las empresas y administraciones públicas tendrán tres meses desde la entrada en vigor de la ley.

Régimen sancionador

El régimen sancionador viene regulado en el Titulo IX de la Ley 2/2023. La potestad sancionadora corresponde a la AAI y a los órganos competentes de las comunidades autónomas. En todo caso, las sanciones consisten siempre en multas, con cuantías que varían según se trate de personas físicas o jurídicas, especialmente sustanciosas en los casos de personas jurídicas.

1. 1. Personas físicas: de 1.001 hasta 10.000 euros por la comisión de infracciones leves; de 10.001 hasta 30.000 euros por la comisión de infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
   2. Personas jurídicas: hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves y entre 600.001 y 1.000.000 euros en caso de infracciones muy graves.

También se sancionará a las personas que presenten denuncias falsas o a aquellas empresas o canales que revelen las denuncias, ya que todas ellas deben ser anónimas.